El ocaso de Fernando VII
Fernando VII falleció el 29 de septiembre de 1833 en el Palacio Real de Madrid tras varios episodios de gota que finalmente derivaron en apoplejía fulminante. Su muerte, a los 48 años de edad, marcó el fin de una era tumultuosa para España y el comienzo de otra no menos convulsa.
Durante sus últimos años de vida, el monarca había cambiado radicalmente el curso sucesorio al promulgar la Pragmática Sanción de 1830, derogando la Ley Sálica que impedía a las mujeres reinar. Esta decisión permitió que su hija Isabel, de apenas tres años, fuera proclamada reina en lugar de su hermano Carlos María Isidro, quien consideraba tener derechos legítimos al trono. En su lecho de muerte, Fernando VII dejó como regente a su esposa María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, quien debería gobernar hasta que Isabel alcanzara la mayoría de edad. El testamento del rey incluía un Consejo de Gobierno para asesorar a la regente, en un intento por garantizar cierta estabilidad durante la minoría de edad de la reina
España en 1833: Un país fracturado
Crisis política y división ideológica
La España que heredaba Isabel II era un país profundamente dividido. Por un lado, los liberales apoyaban a la joven reina y a la regencia de María Cristina, esperando obtener reformas políticas. Por otro, los absolutistas (rebautizados como carlistas) se agrupaban en torno a Carlos María Isidro, hermano del difunto rey, quien se autoproclamó rey como Carlos V apenas conocida la muerte de Fernando VII.
Esta división no era meramente dinástica, sino que representaba dos visiones antagónicas de España:
El liberalismo: promotor de la monarquía constitucional, la división de poderes y reformas modernizadoras.
El carlismo: defensor del Antiguo Régimen, del absolutismo monárquico, la unidad religiosa y los fueros tradicionales.
Estallido de la Primera Guerra Carlista
La sucesión al trono desencadenó casi de inmediato la Primera Guerra Carlista (1833-1840), un sangriento conflicto civil que devastaría amplias zonas del país durante siete años. El carlismo encontró su mayor apoyo en regiones rurales, especialmente en el País Vasco, Navarra, Cataluña y zonas de Aragón y Valencia, mientras que las ciudades y el sur del país permanecieron mayoritariamente leales a Isabel II.
Los desafíos del nuevo reinado
La minoría de edad y la regencia
El primer y más inmediato desafío era la propia gobernabilidad del país con una reina niña. María Cristina, como regente, se vio obligada a buscar apoyo en los liberales para asegurar el trono de su hija, dando lugar al «pacto liberal-cristino». Este pacto obligó a la regente, de tendencias absolutistas, a aceptar reformas liberales.
La guerra civil
Acabar con la insurrección carlista se convirtió en la prioridad absoluta. La guerra no solo consumía vidas y recursos, sino que dificultaba cualquier intento de reforma y modernización del país. El conflicto se extendería durante siete años, con graves consecuencias económicas y sociales.
La transformación del Estado
La España isabelina se enfrentaba a la necesidad de desmantelar las estructuras del Antiguo Régimen y crear un Estado liberal moderno, lo que implicaba:
- La creación de un marco constitucional estable (se sucederían el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837 y posteriormente la de 1845).
- La reforma de la administración territorial, con la creación de las provincias y el sistema de diputaciones y ayuntamientos.
- La reforma fiscal y hacendística para sanear las arcas públicas.
- La desamortización de bienes eclesiásticos y comunales para obtener recursos y crear una nueva base social de propietarios afines al régimen liberal.
La modernización económica
El país necesitaba urgentemente una modernización económica que incluyera:
- El desarrollo de infraestructuras básicas (carreteras, ferrocarril).
- La industrialización, muy retrasada respecto a otros países europeos.
- La reforma agraria para aumentar la productividad.
- La creación de un sistema bancario y financiero moderno.
La inestabilidad política
La construcción del Estado liberal estuvo marcada por una profunda inestabilidad política:
- La división entre liberales moderados y progresistas, que se tradujo en frecuentes cambios de gobierno.
- Las intervenciones del ejército en la vida política mediante pronunciamientos militares.
- La tensión entre centralismo y foralismo en distintas regiones.
La dificultad para crear instituciones verdaderamente representativas en un país con alto analfabetismo y dominado por el caciquismo.
El legado envenenado de Fernando VII
Fernando VII dejó a su hija un trono inestable sobre un país en crisis. Su reinado había estado marcado por la represión, las purgas y los vaivenes políticos que habían frustrado tanto las aspiraciones absolutistas como las liberales. Su política errática y vengativa había contribuido a dividir profundamente a los españoles.
Isabel II heredaba no solo una corona, sino también una guerra civil, un Estado en quiebra y un país atrasado y aislado internacionalmente. Los desafíos eran enormes y los recursos escasos. El «problema de España» que tanto obsesionaría a los intelectuales de las generaciones posteriores estaba ya claramente perfilado en aquel aciago septiembre de 1833.
El reinado de Isabel II (1833-1868) estaría marcado por estos condicionantes iniciales y, aunque en él se sentarían las bases del Estado liberal español, también estaría caracterizado por la inestabilidad, el militarismo político y la incapacidad para lograr un consenso nacional básico, problemas que perseguirían a España durante más de un siglo.
